RESEÑA EN CUBADEBATE DÍA 2 DE DICIEMBRE 2015 POR DANIEL RAFULS PINEDA DEL LIBRO "CUBA Y SUS VECINOS. DEMOCRACIA EN MOVIMIENTO", DE ARNOLD AUGUST

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“Constituye una de las obras académicas de los últimos 40 años que mejor ilustra...”

Reseña en CubaDebate día 2 de diciembre 2015 por Daniel Rafuls Pineda del libro “Cuba y sus vecinos: Democracia en movimiento”, de Arnold August

«El texto de referencia objeto de nuestra crítica es la propuesta que nos trae el escritor, periodista y conferencista canadiense Arnold August, después de publicar Democracy in Cuba and the 1997-98 (Editorial José Martí, La Habana, 1999) y Socialism and Elections para la colección Cuban Socialism in a New Century (University Press of Florida, 2004, Serie Cuba Contemporánea, editado por John Kirk), que contribuyeron a delinear en él, una mejor visión sobre nuestro país.

Adelanto: constituye una de las obras académicas de los últimos 40 años que mejor ilustra, desde el punto de vista de las Ciencias Políticas, las características y dilemas principales porque ha transitado el sistema político cubano desde sus orígenes hasta la actualidad. Más allá de cualquier intento de defender, desde el exterior, el derecho de Cuba a existir políticamente, así como de definir cuáles son sus antecedentes, fortalezas y debilidades fundamentales (lo que es evaluado en el trabajo), constituye una propuesta profunda, y ampliamente argumentada, para acreditar el modelo cubano de participación política como una experiencia de ruptura con fórmulas y tradiciones democrático-liberales cubanas anteriores, e inédita, en cuanto antecedentes prácticos estables y duraderos.

Para su autor, sin embargo, fundamentar los rasgos el sistema político cubano actual no incumbe solo a cubanos de uno u otro rincón del mundo y a las tribulaciones internas porque hemos transitado desde la conquista y ocupación del territorio nacional por parte de España hasta la creación del sistema de órganos del poder popular en 1976, sino a toda una historia teórica y política que sale de los marcos nacionales y que descansa en derroteros foráneos que, hasta hoy, han marcado hitos para definir cuándo un estado es democrático y cuándo dictatorial. Por eso el libro, antes de adentrarse en lo específicamente cubano, también incursiona en la conceptualización teórica y práctica de la democracia para que el lector, sea cubano o no, pueda encontrar un asidero importante que le permita comparar qué era Cuba, desde el punto de vista político, en los primeros 50 años del siglo XX, en un contexto nacional y externo puramente capitalista, y en qué se ha convertido hoy.

La propuesta objeto de este análisis, además de los pertinentes agradecimientos a las muchas personas que contribuyeron a su aparición, contiene un Prólogo, escrito por Ricardo Alarcón; ex presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y uno de los más eminentes intelectuales cubanos de los últimos años, que destaca los resultados del trabajo como consecuencia de “una visión objetiva, desde adentro, sobre una realidad, como todas, cambiante, en movimiento, con logros y deficiencias, con aciertos y errores”(p. XIX). Y es, según sus propios criterios, un trabajo que pudo lograrse “porque aborda el tema despojado del eurocentrismo, o usacentrismo, característico de un amplio sector de la academia occidental que suele tratar el tema de la democracia asumiendo en el lector una ignorancia que se empeña en solidificar” (p. XX).

El libro que nos presenta Arnold August ha quedado ordenado en tres partes fundamentales. Una primera, titulada “Reflexiones sobre la Democracia”, donde se hace un análisis histórico-teórico de las primeras percepciones sobre la democracia directa y representativa, así como diferentes formas en que esta se ha presentado en la práctica política del continente americano. Una segunda parte, denominada “Cuba: Constituciones, elecciones y nuevos estados”, que evalúa las formas iniciales cubanas de organización del poder público, desde el período de nuestras guerras de independencia hasta la aprobación de la Constitución de 1976 que dio paso al Sistema de Órganos del Poder Popular. Y una tercera parte que el autor nombra: “Cuba contemporánea: El desafío de la democratización”, donde se analizan las más complejas problemáticas porque transita nuestro Estado, desde la celebración del VI Congreso del PCC en 2011 hasta la actualidad del año 2013, para consolidar y desarrollar un proceso democrático que no tiene referentes socialistas exitosos anteriores, desde el punto de vista de una amplia participación popular, y cuya práctica histórica, más allá de sus errores e insuficiencias y de la conveniencia de ser perfeccionada, ha probado elevados niveles de independencia y autenticidad.

En la primera parte, a la que se dedican tres capítulos, se analizan, por su orden, una referencial inicial, muy breve, al origen etimológico de la palabra democracia, recordando su trascendencia como “poder del pueblo” y su inexistencia en las condiciones de los Estados Unidos, donde “una exigua minoría detenta todo el poder económico, mientras que la abrumadora mayoría no es propietaria de la riqueza económica ni se beneficia de esta” (p.6). Es justamente el momento inicial en que el autor aborda, también de forma muy breve, “la visión etnocentrista de los Estados Unidos sobre la democracia como una consecuencia (y la más notable expresión en la actualidad) del eurocentrismo” (5) y en la que explica su preferencia por el empleo del concepto democratización (entendida como un genuino proceso de participación popular), en lugar de la categoría democracia (p.14-17) tarada, históricamente, de muchos prejuicios y manipulaciones. Asimismo se evalúa el auge reciente de los movimientos en favor de la democracia y las demandas económicas subsiguientes en Egipto, España y los propios Estados Unidos (el Movimiento Ocupa)” (p.17-21), para ilustrar otras formas de cuestionamiento particular del etnocentrismo estadounidense.

En estas páginas iniciales, además de realizar un profundo análisis crítico sobre “La democracia en los Estados Unidos” (cuya propia Constitución no incluye el término democracia), y el “Sueño Americano”, desde sus orígenes hasta la presidencia de Barack Obama (pp.23-62), en la que muestra las trampas de que se vale el sistema con el objetivo de preservar el papel de la oligarquía nacional y transnacional, particularmente exitosas fueron las valoraciones que realiza para esclarecer el lugar de Venezuela, Bolivia y Ecuador (pp. 63-101) como expresión del llamado nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. El autor las evalúa en el sentido de nuevas formas de ejercicio de la democracia, en las condiciones de procesos que, sin alejarse de las estructuras pluripartidistas formales que caracterizan las democracias occidentales (particularmente la norteamericana), transitan de diseños tradicionales capitalistas para el ejercicio y control del poder del Estado a otros, vinculados conceptualmente al socialismo, que rescatan valores comunitarios de los pueblos originarios de la América Hispana, apegados al significado de la Tierra (“Pachamama”) y a las necesidades básicas de los seres humanos que la habitan para ser, realmente, felices. Es el momento donde explica la diferencia entre las nuevas experiencias de los gobiernos de izquierda, más próximas a la democracia participativa directa, como expresión genuina de la voluntad popular, y la visión norteamericana, más cercana a las estructuras formales de representación popular, encerradas en la preeminencia del voto electoral y de los parlamentos nacionales a partir de los intereses que puedan expresar los partidos políticos y, sobre todo, sus élites.

En la segunda parte, expuesta a través de dos capítulos, se destacan los antecedentes básicos de la Cuba que conocemos hoy. Se parte de contraponer el hecho de que mientras “en Cuba se inició una revolución social en el siglo XIX” (p.103), que marca la diferencia con muchas otras experiencias nacionales, sobre todo del Primer Mundo, dado su propósito de avanzar por diferentes etapas creando mayores espacios a la voluntad popular, “en los Estados Unidos nunca ha habido una transición de un sistema sólidamente afincado en la acumulación de la propiedad privada a otro ordenamiento basado sobre el bienestar colectivo de las grandes mayorías” (p.104). Es justamente el punto de partida que asume el autor para demostrar el papel que tuvieron los sectores revolucionarios cubanos, aun los poseedores de tierras y esclavos, para declarar la “República en Armas”, en el contexto de las guerras de independencia contra España. Fue el período en que se aprobaron las Constituciones de Guáimaro (1869), Baraguá (1868), Jimaguayú (1895) y la de la Yaya (1897), que desarrollaron las primeras formas organizadas de participación política, en las zonas liberadas y que probaron (pp.104-117), desde nuestras luchas por la independencia, la voluntad política y legislativa de los cubanos.

La propuesta que nos trae Arnold August transita, lamentablemente de manera demasiado escueta (pp.119-121), por la impronta que nos diseñaron los Estados Unidos, desde 1898 (con el pretexto de la explosión del USS Maine), hasta los años siguientes a la aprobación de la Constitución de 1940. Fue el período en que acosados por la Enmienda Platt, nos fue impuesto, a partir de 1901, el modelo democrático norteamericano, lo que colocó en un impasse “la incipiente transición de Cuba hacia otro sistema social, contrario a la propiedad privada ilimitada y en favor de la justicia social” (p. 119).

El trabajo también dedica una importante cantidad de páginas (pp.122-153) a lo que el autor denomina “Democracia, elecciones y el nuevo Estado”, formulada como capítulo No. 5, que parte de la percepción del Che, sobre el Asalto al Cuartel Moncada como “rebelión contra las oligarquías y contra los dogmas revolucionarios” (p.122) y que analiza todo el período que va desde la reactivación y reordenamiento del movimiento revolucionario cubano, a partir del golpe de Estado perpetrado en 1952, hasta la evaluación en detalles del proceso de creación, aprobación e implementación de la Constitución socialista de 1976 (pp. 122-152), llegando a enunciar, también de manera resumida (pp.152-153), otros momentos de gran trascendencia para la historia política de Cuba, como los 4 Congresos del PCC celebrados entre 1980 y 1996, así como las reformas constitucionales de 1992 y la Ley Electoral.

En este análisis, además de destacar los antecedentes de organización popular (p. 126) en las zonas liberadas de las hordas de Batista, resulta de mucho interés la manera en que se aborda, cronológica y documentalmente, el contexto (pp. 130-149) en el que la gran mayoría de los cubanos rechaza las elecciones políticas (durante los primeros 17 años de experiencia revolucionaria en el ejercicio del poder) y el vínculo inédito del liderazgo de la Revolución (particularmente de Fidel Castro) con el pueblo. Fue, justamente, el tipo de nexo que, en condiciones de ausencia de estructuras formales de representación y de significativa proliferación de nuevas organizaciones de masas y sociales en todo el territorio nacional, garantizó, al menos de manera primaria y visiblemente pública, una participación directa activa de las otrora mayorías excluidas, en los procesos de toma de decisiones.

Análisis particular debe tener la tercera y última parte de este enjundioso e instructivo texto. Es el que el autor dedica a evaluar: El VI Congreso del PCC (2011) y la Conferencia Nacional (2012) de la propia institución, las características y resultados de las elecciones en la Cuba de la segunda década del siglo XXI, así como el vínculo legislativo y funcional dentro de las propias estructuras fundamentales de poder del Estado y entre estas, particularmente en lo concerniente a la relación entre la ANPP y los municipios.

En el capítulo No.6 (pp. 155-189) de esta parte concluyente se examina el desempeño del PCC que, como evalúa críticamente el autor, “según algunas opiniones preconcebidas”, era “la antítesis de la democracia” y se presenta “como la encarnación del inmovilismo” (p.156). Es otro de los momentos en que se analizan los orígenes del partido, su desempeño histórico en momentos de particular trascendencia como el llamado “período de rectificación de errores y tendencias negativas” y el “período especial”, así como sus diferencias esenciales de las organizaciones políticas que condujeron los procesos políticos de la antigua URSS y Europa Oriental. En esta parte, asimismo, durante varios momentos, se analiza la lucha contra la corrupción y el burocratismo como dos flagelos no solo que debilitan nuestro sistema político, sino que impide perfeccionarlo.

De particular interés (pp-159-172), en correspondencia con otras discusiones masivas que tuvieron lugar en el país para evaluar temas importantes, resulta la explicación de los debates desarrollados (en septiembre-octubre de 2007), con todos los ciudadanos, a nivel de barrios, centros de trabajos e instituciones educacionales, a partir del discurso pronunciado (26 de julio de 2007) por Raúl Castro, entonces primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, a propósito de la necesidad de analizar, entre todos los cubanos, cualquier tema de interés o problemas que más estaban afectando a los cubanos. Fueron las problemáticas asumidas como puntos de partida para elaborar un primer Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social el Partido y la Revolución que retornó a debate popular entre diciembre de 2010 y febrero de 2011 y que, después de otras profundas discusiones, asumieron carácter de acuerdos durante el VI Congreso de Partido (celebrado entre el 16 y el 19 de abril de 2011), para ser evaluados e implementados por la Asamblea Nacional del Poder Popular ulteriormente.

De este importante evento partidista, según destaca con claridad el autor, se derivaron varias ideas básicas (pp. 163-164) que acreditan los resultados de la participación popular de los cubanos en los procesos de toma de decisiones y que, hoy, constituyen los derroteros fundamentales por dónde transita la actualización de nuestro modelo. El Congreso avaló que los trabajadores y la población, en general, deseaban un mayor control, así como más descentralización administrativa. Estimuló cambios en la descentralización de los planes económicos estatales y otras actividades. Reconoció la necesidad de hacer más flexibles los procedimientos para modificar el sistema de administración, distribución y comercialización de productos agrícolas, así como de elevar la calidad y rigor del proceso docente-educativo. Se consideró importante lograr la satisfacción de la población, así como el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la atención al personal de la salud.

Otros temas (pp. 164-166) con implicaciones políticas y sociales de gran alcance, que previamente habían sido demandados por la población, fueron: Eliminar la libreta de productos alimenticios no solo de forma “ordenada” (según indicaban los lineamientos originales), sino “gradual” para proteger a los ciudadanos y las familias de cualquier decisión precipitada. Establecer la compraventa de viviendas y flexibilizar otras formas de transmisión de la propiedad (permuta, donación y otras) entre personas naturales. Facilitar “la compraventa, entre particulares de medios existentes” y priorizar el mejoramiento el transporte público. Además se tuvieron en cuenta otras direcciones relacionadas con el trabajo por cuenta propia, los usufructuarios de la tierra, las cooperativas tanto rurales como urbanas y, entre otros tópicos importantes, se hizo énfasis en el desarrollo local de los municipios, así como nuevas regulaciones tributarias para financiar estas instituciones locales. En este contexto, el autor tuvo la audacia de revelar (pp. 167-169), críticamente, cómo la llamada “reducción de plantillas infladas”, en el sentido de exceso de trabajadores en los centros estatales y, consiguientemente, el tratamiento con el “personal disponible” después de realizar los ajustes necesarios, tan colindante con el riesgo práctico de seguir una tradición neoliberal, transitó de un plan inicial del gobierno de reducir no menos de medio millón de personas de las estructuras laborales del Estado, en un período muy breve de tiempo, a una concepción de lograr el mismo propósito, paulatinamente, en la medida que el país estuviera más preparado.

Uno de los eventos tratados por el autor (pp. 172-177) que mayor transcendencia reveló en este capítulo fue la Primera Conferencia Nacional del Partido que tuvo lugar en nuestro país a principios de 2012, unos meses después de concluido el Congreso. Los análisis que nos presenta el libro discurrieron, sobre todo, en torno a la relación entre los medios de comunicación e información y el pueblo. Esto incluyó la consideración de que mientras la Primera Enmienda de la Constitución Norteamericana reconoce una “libertad de prensa”, sin limitación legal alguna, pero haciendo oda, en general, a la propiedad privada e indirectamente a la desigualdad, la libertad de prensa cubana, según destaca nuestra Constitución (art. 53), “no puede ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada”, lo que justifica que hablemos de una libertad que beneficie a la gran mayoría de los cubanos y que, constitucionalmente, se declara con la sentencia de corresponder “a los fines de la sociedad socialista”.

La Conferencia Nacional del Partido también fue objeto de amplias discusiones a nivel nacional, pero, por los temas tratados, no alcanzó la masividad de otros debates. Las discusiones tuvieron lugar en todos los núcleos del partido y los Comités de Base de la UJC del país que, por sus vínculos históricos con el pueblo, también eran portadores de la voluntad popular. Para evitar la censura y otras formas de mal ejercicio del periodismo, allí se habló de la necesidad de crear una ley que ordenara y facilitara la política informativa. Se criticó los funcionarios que, tras el pretexto de “no dar información al enemigo”, limitan o no dan información a los periodistas y también fueron criticados los propios periodistas que no cotejan las fuentes de las informaciones y que mal informan al pueblo. Todo esto ocurre, según reconoce críticamente el autor (p. 177), a pesar de la existencia de una resolución del Buró Político del Comité Central del PCC (2007), que denuncia a “Dirigentes y funcionarios estatales… que suelen evadir el contacto con la prensa” y “fabrican pretextos para justificar su secretismo” y aun cuando el propio documento reconoce que la “prerrogativa de decidir lo que divulga un órgano de prensa corresponde, exclusivamente, a los dirigentes del trabajo periodístico”

Además del tema de la prensa, el documento final (p. 175) llamó a “incentivar la participación real y efectiva de la población en la toma de decisiones (Objetivo No.46), a “fortalecer el control popular” y enfrentar la impunidad (Objetivo No.53) y, como problemática de gran trascendencia, también propuso un límite máximo de dos períodos consecutivos de cinco años para todos los cargos políticos y estatales fundamentales (Objetivo No.76), lo que ya está siendo evaluado por los expertos para ser introducido en una nueva legislación.

Llama particularmente la atención, los espacios (pp.179-184) que el autor dedica a desacreditar, a los que, personalmente, llama blogueros disidentes de “izquierda y derecha” que encuentran espacios de expresión en sitios como Havana Times, Cuba Encuentro, Red Observatorio Crítico “socialista” y El Nuevo Herald, y que tradicionalmente son críticos con el proyecto social cubano. Estos, según su opinión, por lo general “se basan sobre los altos valores morales de la “libertad de prensa” o “la libertad de palabra” en abstracto”, vinculado, “invariablemente, con la visión etnocentrista estadounidense sobre el PCC y la resultante demanda de los disidentes de que se establezca un sistema multipartidista igualmente inspirado (implícita o explícitamente) en el modelo estadounidense” (p.179). En este sentido, no deja de tener razón Arnold August cuando evalúa el desempeño de los disidentes de “izquierda” como los más peligrosos en tanto mueven sus propuestas empleando las propias categorías del discurso revolucionario.

Su preocupación sobre estos intérpretes de la realidad cubana, sin embargo, va mucho más allá del significado real que puedan tener para el cambio de nuestro sistema político. Es el espacio preferencial que, en detrimento de otras posiciones que son defendidas dentro y fuera de Cuba, se le brinda a aquellos y a los llamados cubanólogos residentes fuera de Cuba, para divulgar la realidad que estamos viviendo. Por eso el autor aclara, con razón, que aunque “hay una censura virtual sobre el trabajo de los científicos sociales de Cuba, estos están inmersos en encendidos debates e intercambios de ideas sobre los cambios actuales y sus ramificaciones políticas” (p.184)

Otro aspecto al que el autor dedica importantes espacios es a “la necesidad del análisis de los errores cometidos”, que vincula al “proceso dialéctico de continuidad y rupturas” del sistema cubano. Para Arnold August, siguiendo los criterios de la Dra. Olga Fernández, “La continuidad se expresa en la proyección estratégica para avanzar hacia el socialismo”, mientras que las rupturas se derivan de una combinación de “éxitos, fracasos, insuficiencias y errores cometidos a partir de las tácticas empleadas”, lo que justifica asumir la valoración continua de nuestro proyecto político no como un simple ejercicio intelectual, sino como “un instrumento de cambio” (p.185). Es el momento en que se destacan (p. 186) el “excesivo enfoque paternalista, idealista e igualitarista que instituyó la Revolución en aras de la justicia social” y “el modelo excesivamente centralizado que caracteriza actualmente nuestra economía”, como errores fundamentales que fueron reconocidos por el Presidente Raúl Castro, en sus intervenciones del 18 de diciembre de 2010, en el plenario de la ANPP, y el 16 de abril de 2011, como parte del Informe Central al VI Congreso del PCC.

En este sentido, es importante el reconocimiento que se hace a la necesidad de replantear el socialismo (pp.187-189), superando la anulación de lo individual en aras de lo colectivo, que permita una combinación integral de todos los intereses sociales y preserve los medios fundamentales de producción en manos del Estado, con la consiguiente articulación de todas las formas de propiedad y gestión en las zonas urbanas y rurales. Es otra de las maneras en que podremos contribuir a evitar no solo el estancamiento del socialismo, sino el retorno a la voluntad capitalista de concentrar la propiedad en pocas manos, lo que sumado a los intentos por minar los valores de nuestro consenso y unidad, forman parte de los propósitos más espurios de los centros de poder norteamericanos.

Particular importancia, a los efectos de la trascendencia que tiene este libro, nos muestra su capítulo No.7 (pp.190-250) que el autor titula “Elecciones en la Cuba contemporánea”, donde demuestra cómo se puede elegir representantes populares, sin incidencia directa de los partidos políticos y qué diferencia nuestra propuesta, de los fundamentos básicos del modelo político soviético (pp.194-197). Constituye la parte en que se explica, con la meticulosidad que se llega a lustrar a través de una circunscripción del municipio Plaza de la Revolución (de la Provincia La Habana), los detalles del proceso electoral, desde la nominación y elección de los delegados de circunscripción y la conformación de las Asambleas Municipales del Poder Popular (pp. 190-194, 200-210) hasta los pasos por que se transita para la constitución de la Asamblea Nacional (pp.216-246, sin dedicar espacios específicos a las Asambleas Provinciales por no representar formas de elección, estructura y funcionamiento sustancialmente diferentes a lo que caracteriza a la máxima instancia del poder del Estado; ANPP), incluyendo la elección de su presidencia, del Consejo de Estado y del Presidente de la República (pp.246-250). Cuando hay elecciones (sean parciales o generales), destacan, por su importancia, el derecho a votar a partir de los 16 años (en correspondencia con la edad con que muchos mambises fueron a la guerra), el registro electoral automático (pp-203-204) para los potenciales votantes y la existencia de una amplia red de colegios electorales abiertos los días no laborables (pp-204-206) para que las personas puedan ejercer el derecho ciudadano de emitir su voto, sin restricción alguna.

En este capítulo, además, se analiza el papel de las “reformas constitucionales de 1992” (pp.197-198), la relación entre el sistema político y la Constitución (pp.198-200) y se brindan datos estadísticos, algunos inéditos en cuanto a las formas en que son presentados, acerca de los resultados de las elecciones municipales realizadas sobre todo entre el 2007 y el 2012 (pp.211-216), y de las que han tendido lugar en las últimas legislaturas de la ANPP, en particular la del 2008 y la que se inició en 2013 (pp.227-233, 238-242).

En este contexto, a pesar de todos los valores reales que, según el autor, distinguen el modelo cubano de representación política del resto de las experiencias que existen a nivel mundial, algunas virtudes de nuestra propuesta merecen ser matizadas, con mayor profundidad.

Es por ejemplo lo relacionado con el hecho de que aun cuando los delegados de circunscripción son elegidos por sus vecinos sin patronazgos de los partidos políticos, no ganan salario por cumplir tareas de representación popular y “realizan sus funciones de manera voluntaria, después de su horario laboral” (p.191), al mismo tiempo, no pueden lograr que las instituciones administrativas ajusten sus respectivos horarios a las posibilidades reales de aquellos, lo que limita la efectividad del trabajo de los delegados. En este sentido, es conveniente o ajustar formalmente el tiempo que las administraciones dedican a cubrir las expectativas de los representantes populares, o se flexibilizan los horarios de los delegados en sus respectivos centros laborales, lo que constituye un problema de significativa importancia para la comunidad.

Por otro lado, si bien es conveniente que hasta un 50% de los diputados a la ANPP (pp.191-194, 216-217) sean delegados de base porque garantiza que, al menos, la mitad de los representantes del máximo órgano de poder del Estado pueda ser reflejo de un amplio espectro de trabajadores de las más diversas esferas sociales del país, tampoco es falso que ese “hasta un 50 % de representantes de base” que indica la actual Ley Electoral, también da margen a que estos no tengan una significativa presencia en el Parlamento nacional (un paso atrás, según mi opinión personal, con respecto a la anterior Ley Electoral No.37, de 1982, que otorgaba mayoría a los delegados de base), lo que deslegitima la potencialidad del sistema de representar, directamente, las estructuras de base. Es lo que, por ejemplo, acaba de ocurrir (ver Granma 4 de junio de 2015 p.1) con las últimas elecciones parciales, realizadas entre abril y mayo del año en curso, que dejó en apenas 220 diputados, los que son delegados de circunscripción, lo que representa, solo, el 35 % del total de 612 diputados.

Asimismo, aun cuando parezca justo que (luego de las amplias propuestas que emergen de las seis organizaciones de masas a los niveles municipal, provincial y nacional), en condiciones de que algunas provincias no tengan suficientes municipios para acomodar todas las propuestas de candidatos que hace la CCN, sea conveniente proponer la ubicación de “algunos de ellos en otras provincias, lo que debe hacerse con el consentimiento del municipio correspondiente” (p.219), lo real es que esta forma de distribución de los potenciales miembros de la ANPP, no resuelve lo esencial: que el diputado, máxime si no es de base, sea un verdadero representante de esa localidad.

Y, finalmente, no obstante ser cierto, como declara el autor, que el PCC no es una instancia que postula sus propios miembros para asumir posiciones de representación popular, tampoco hay que olvidar que la autocrítica que se hace el Partido por incidir, desmedidamente, en funciones administrativas y estatales que no le competen, no lo exonera de su incidencia, omnipresente, en cualquier otro campo de acción social, incluso, por supuesto, en el propio sistema electoral. Es, justamente, cuando por ejemplo acciona, de manera indirecta, en la nominación de un candidato a delegado, en condiciones de ausencia de voluntarios que emerjan desde la base, o para contraponer un revolucionario probado a un candidato a delegado que, declaradamente o no, pueda servir, en última instancia, a intereses que no correspondan a la comunidad. Esto no significa, necesariamente, que esta organización política no debe haberse inmiscuido en esos asuntos, sino que, aun cuando debió tomar partido de manera coyuntural, asimismo deben crearse las estructuras, los mecanismos y las voluntades para que pueda cumplir las funciones por las que fue creado: ser el albacea de la justicia social y el garante principal de la unidad del pueblo alrededor del proyecto político.

De significativa importancia es el tratamiento que el autor le da a otras preocupaciones de muchos especialistas. Entre estas, la de los doctores Emilio Duharte y Jesús García (pp.221-223), primero por la realización de elecciones generales, con propuestas de delegados de circunscripción para diputados, a apenas unos meses de celebradas las elecciones parciales cuando quedaron elegidos los delegados de base en los municipios, lo que no garantiza la calidad y sustentabilidad de las propuestas. En segundo lugar, por observar mimetismos en las presentaciones que hacen las Comisiones de candidaturas a las Asambleas Municipales para la nominación de delegados a las Asambleas Provinciales y ANPP. A esto se ajusta la convocatoria que hace el politólogo Rafael Hernández (p.224) “a descentralizar aún más el proceso de nominación, sin poner límites a la cantidad de personas nominadas”, lo que se complementa con la propuesta de la Dra. Martha Prieto, especialista en procesos constitucionales y electorales quien, además de apoyar el papel de las comisiones de candidaturas y de las organizaciones de masas en los procesos de nominación, también estimula a que existan otros espacios donde los propios ciudadanos puedan hacer sus propuestas a título individual (p.224).

Por otro lado, más allá de los pormenores que nos brinda el trabajo acerca de la composición de la ANPP (pp.238-241), que destaca su amplio diapasón de representantes populares (donde las Comisiones de Candidaturas juegan un papel relevante), y mucho antes de los argumentos que se exponen acerca de la relación del PCC con la máxima instancia de poder del Estado (pp.242-246), una insuficiencia notable no escapa a la propia percepción del autor del libro. Es la consideración de que todo intento que invoque a presentar más de un candidato para cada escaño de la ANPP, es consecuencia de la “desinformación proveniente de los medios monopólicos estadounidenses y los disidentes de “izquierda” y de derecha, relativa al proceso electoral” y de la pretensión de imponer en Cuba “el sistema multipartidista competitivo de los Estados Unidos (pp.231-233).

En este sentido, aun cuando son válidos los análisis que realiza, con respecto a que nominar más personas para cada escaño de la ANPP, pone en riesgos la posibilidad de alcanzar más del 50 % de respaldo popular en cada circunscripción, tampoco es falso que los resultados electorales también pueden ser legítimos cuando no se llega a alcanzar una mayoría absoluta. Sobran los ejemplos en Cuba, vinculados a las organizaciones de masas y sociales, y a las del propio Partido, que demuestran la calidad de la elección de sus directivos, aun habiendo alcanzado menos del 50 % del voto de sus miembros o asociados. Además, lo fundamental: en un nuevo contexto legislativo que establezca bases distintas para elegir diputados al Parlamento y que amplíe el número de candidatos por el que se pueda votar, la cantidad de nominaciones no tendría que multiplicar, necesariamente, los escaños formales de la Asamblea, y las plazas que se queden sin cubrir, podrían llevarse a otro escrutinio público, con las nuevas nominaciones que haga la Comisión de Candidatura (p.232). Esto, si bien crearía condiciones para que la Comisión de Candidatura jugara un papel más creativo en el proceso de nominación de delegados provinciales y diputados, al mismo tiempo, sin dudas, haría un mayor tributo al principio de que la soberanía reside en el pueblo; el eslabón que, en última instancia, debe decidir en una democracia verdaderamente autóctona y auténtica.

La parte final de esta importante obra que se expone dentro de un último capítulo No.8 titulado: “La ANPP y el municipio: funcionamiento entre períodos electorales”, es el tópico con el que el autor trata de cerrar su visión global crítica y constructiva sobre el sistema político cubano en general y el Sistema de Órganos del Poder Popular en particular. Es la parte que dedica a demostrar la compatibilidad de la democratización y el liderazgo revolucionario (pp.251-256), las especificidades de la llamada unanimidad (pp.268-270), las limitaciones y perspectivas de la participación en el nivel municipal (pp.272-276) y, entre otras problemáticas, el papel de los Consejos Populares (pp.281-286) no como órgano local del Poder Popular, sino como instancia que (compuesta por delegados del barrio, representantes de las organizaciones de masas y sociales, así como de las más importantes instituciones estatales existentes en la demarcación), puede contribuir a acercar más las estructuras del Estado a la base que representa, lo que puede facilitar una mayor participación popular en los procesos de toma de decisiones.

En todo este contexto, por su nivel argumental (p.277) también resaltan las consideraciones del autor acerca de la imposibilidad de yuxtaponer la democracia representativa y la participativa que no tienen el mismo significado para los países centrales del norte que para los reconocidos del Sur. En América Latina, por ejemplo, donde destaca las experiencias de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba, “la representación es parte de un movimiento revolucionario cuyo objetivo es combinar la representación y la soberanía que reside en el pueblo”. Esto no significa que tales nexos se hayan logrado pero, democracias en movimiento al fin y al cabo, “trabajan para avanzar en esa dirección”.

Un tema de particular importancia en este capítulo es lo vinculado a las nuevos componen estructurales y funcionales que van a formar parte de las instancias municipales del poder popular, tanto las que tienen que ver con los delegados en tareas de representación popular, como con los Consejos de Administración que ya están siendo sometidos a cambios a partir de las experiencias provinciales de Artemisa y Mayabeque (pp.288-290). En este sentido, se eleva la importancia de la recaudación de impuestos a partir de la Ley Tributaria que entró en vigor a partir de 2013 “para redistribuir el ingreso en la medida en que la economía se desarrolla” (p.288) y también es importante reducir las administraciones “infladas”, así como establecer “una clara delimitación de las facultades en las relaciones con los organismos de la Administración Central del Estado, las empresas nacionales y las organizaciones políticas y de masas” (p.290). Pero todavía no se comenta nada, al menos oficialmente, de elaborar un proyecto de ley sobre el desempeño y los derechos de las Asambleas Municipales, lo que constituye una demanda de varios especialistas (p.292)

Finalmente y a manera de conclusiones, me consta la reacción positiva que ha traído el libro de Arnold en Cuba, e imagino la trascendencia que ya puede estar teniendo en Canadá y los Estados Unidos, pero le garantizo que la forma en que ha expresado sus puntos de vista sobre la democracia occidental (particularmente de la norteamericana) y la manera enfática y vehemente en que demostrado qué significa ser expresión de una “democracia en movimiento” y cuáles son sus desafíos fundamentales ante la realidad interna y externa que estamos viviendo, no deja dudas en reconocer que estamos ante una obra sólida desde el punto de vista científico, elaborada tras arduos años de trabajo y madura para promover las más grandes y agudas polémicas, a lo que me agrada haber contribuido aunque sea con esta “pequeña” y seguramente incompleta reseña crítica.

También quiero agradecer a la Editorial de Ciencias Sociales haber hecho público un texto de tanta importancia para los cubanos y de tanta trascendencia para el exterior como este. Pero amén de que con el nivel de información fáctica y analítica que se brinda, afuero de ser muy sincero, pudo haber sido escrito de manera distinta, debe reconocerse la coherencia, profundidad y valentía con que Arnold August ha presentado este trabajo que, más allá de “Cuba y sus vecinos. Democracia en movimiento”, y de otros pequeños ajustes necesarios, pudo haberse llamado “En defensa de la democracia del Sur. Un paradigma alejado del modelo norteamericano».

Fuente: CubaDebate

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